CONDENAN A 16 AÑOS DE PRISIÓN AL JEFE DEL CLAN CASTEDO

La organización criminal que operaba en el norte y era conocida como el “Clan Castedo” fue condenada esta mañana por la Justicia.

Delfín Castedo, por considerarlo responsable de liderar una asociación ilícita, recibió una pena de 16 años de prisión.

También fueron condenados, su hermano Raúl “Ula” Castedo, a 9 años de prisión; a Eduardo “Pinto” Torino (9 años) por asociación ilícita; Melba Araujo (5 años) por asociación ilícita y lavado de activos de origen delictivo; Alberto Yudi (7 años) por asociación ilícita y lavado de activos; Luis Yudi (7 años) por asociación ilícita y lavado de activos y Mario Alberto Yudi (3 años) por lavado de activos.

La Justicia, además, ordenó el decomiso de autos y campos para la provincia de Salta.

Para la fiscalía el vínculo de la organización se extendía hasta Bolivia y Colombia, y el poder de dominio había captado a funcionarios de las fuerzas de seguridad y operadores de la justicia provincial y federal.

El pedido de la fiscalía

El fiscal general Carlos Martín Amad y el auxiliar fiscal Jorge Viltes Monier, en representación de la PROCUNAR NOA, habían solicitado para Delfín Castedo, una condena de 20 años de prisión y el pago de una multa de 650 mil pesos por considerarlo jefe de la asociación ilícita, además de acusarlo por dos hechos de falsificación de instrumento público y dos hechos de uso de documento público. Con respecto a su hermano Raúl, se solicitaron diez años de prisión y una multa de 100 mil pesos por integrar la asociación ilícita.

Por el mismo delito se acusó al martillero público Eduardo Torino y se pidió una pena de ocho años de prisión con una multa de 200 mil pesos. En el caso de Melba Araujo, ex pareja de Delfín Castelo, no solo fue considerada integrante de la asociación ilícita sino también coautora de un hecho de lavado de activos, por lo que la fiscalía solicitó nueve años de prisión y una multa de 640 mil pesos.

Al comerciante Luis Yudi se lo consideró integrante de la asociación y se lo acusó también por el delito de “encubrimiento agravado de activos de origen delictivo'', por lo que se le pidió una condena de ocho años de prisión y una multa de 600 mil pesos. Con respecto a Alberto Yudi y su hijo Mario -ambos comerciantes-, la fiscalía pidió penas de ocho y siete años de prisión respectivamente por ser miembros de la asociación ilícita y por ser responsables del delito de lavado de activos de origen delictivo. También se le requirió para ellos el pago de una multa de 1.200.000 pesos para cada uno.

Cómo funcionaba la organización

Durante el juicio, la Fiscalía manifestó que entre todos los imputados existió un acuerdo de voluntades dirigidos a gestar una asociación ilícita con el objetivo de desarrollar actividades ligadas al narcotráfico, con un número indeterminado de hechos, no sólo vinculados al tráfico de estupefacientes, sino también a otros delitos aleatorios. Mencionaron allí las amenazas e incluso el asesinato de Liliana Ledesma, ocurrido el 21 de septiembre de 2006. La mujer había denunciado públicamente que los Castedo usaban la finca El Pajeal para “pasar droga” desde territorio boliviano, pues el campo colinda en el país vecino con una propiedad perteneciente a una hermana.

En ese sentido, el fiscal Amad afirmó que la organización comenzó a operar en 1999 y perduró hasta el 22 de julio de 2016, cuando su líder fue detenido tras permanecer 10 años prófugo. Cabe resaltar que tenía un pedido de captura por su participación justamente como autor intelectual del crimen de Ledesma. Con respecto a este punto, la fiscalía había solicitado al tribunal que asuma la competencia en el homicidio -hecho del cual solo resta juzgar a Delfín y Raúl Castedo- pero los jueces rechazaron el planteo.

Vínculos

La fiscalía explicó luego que en los inicios de la banda, el líder era el fallecido exdiputado provincial Ernesto Aparicio, dueño de la finca El Pajeal. Rápidamente Castedo se posicionó al frente de la organización y asumió el dominio del lugar donde se montó una “aduana privada”. A lo largo del juicio, que comenzó en noviembre de 2021, los distintos testigos dejaron en claro que la utilidad de esas tierras estaba vinculada a las drogas.

En otro tramo de la exposición, el MPF expuso los vínculos de los acusados con otras organizaciones narcocriminales, como la liderada por el fallecido abogado Carlos Salvatore, condenado por contrabandear más de una tonelada de cocaína a Europa en la causa conocida como "Carbón Blanco".

Los fiscales indicaron que la organización fue una de las más grandes del país, tanto por el flujo de droga que comercializó como por el nivel de corrupción propagado ya que Castedo no sólo era informado de cada orden de intervención telefónica, sino también contó con la cobertura legal del exjuez federal de Orán Raúl Reynoso. El ex magistrado fue acusado de fraguar una declaración indagatoria de Castedo, acto procesal que le permitió mantenerse en la clandestinidad.

Las fincas y los decomisos

Durante su exposición, la fiscalía detalló la compleja trama de compra y venta de las dos fincas, a través de testaferros. “Mario Yudi, un joven de 22 años, aparece como el comprador de la finca El Pajeal, por la cual pagó 600 mil dólares, dinero que no tiene manera de justificar”, sostuvo al respecto el fiscal general. En cuanto a la adquisición El Aybal, en la cual se realizó una operatoria similar, el auxiliar fiscal dio detalles de la maniobra y dejó expuesta la labor de un escribano en la compra de la propiedad, ya que no dejó asentado el origen del dinero, tal como lo exigen las normas legales vigentes. A la fecha de la transacción, el hombre -que fue testigo en el juicio- presidía el Colegio de Escribanos.

Por estos motivos, la fiscalía pidió el decomiso de ambas fincas, junto con un auto, una camioneta, ocho máquinas topadoras, una casa rodante, seis acoplados, dos tractores, dos máquinas aradoras, dos sembradoras, un generador eléctrico, un contenedor, una fumigadora, cuatro extractores y una estructura metálica, entre otras maquinarias agrícolas.