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CHILE: 110 mujeres se embarazaron por anticonceptivos defectuosos reaviva el debate sobre el aborto

Al menos de 110 mujeres que se habían acogido al programa de planificación familiar que dispone el Estado quedaron embarazadas tras usar un anticonceptivo defectuoso.

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Miles de mujeres, aquellas de bajos recursos son beneficiarias de las píldoras anticonceptivas que entrega el Estado.  El Instituto de Salud Pública (ISP) de Chile, la máxima autoridad farmacológica del país, alertó entre marzo y septiembre de 2020 que ocho lotes de seis píldoras anticonceptivas distintas, que eran distribuidas en centros de salud públicos, estaban defectuosos. Renglón seguido ordenó su retirada del mercado.

"Estas pastillas son entregadas en el sistema público y el responsable es el Ministerio de Salud, que ha licitado la compra de ellas a través de Cenabast y se distribuyen a los servicios de atención primaria de salud", explica Javiera Canales, coordinadora del área legal de la Corporación Miles Chile, una organización que trabaja para construir y promover el libre ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos.

En agosto de 2020, cuando fue emitida una de las alertas, la corporación comenzó un trabajo de información y asesoría a muchas de las mujeres que se vieron afectadas por la situación, desde la Corporación Miles.

De acuerdo con la representante de una  organización de los derechos de las mujeres, la asesoría se dividió en tres etapas: “Solicitar la interrupción voluntaria del embarazo por causal riesgo de vida, que está garantizada por ley desde septiembre de 2017, ya que nosotras creemos que ante una interpretación amplia de esta causal, las mujeres podrían acceder a la interrupción legal del embarazo. Por otro lado, iniciamos una acción civil sobre indemnización de perjuicios en contra del Estado y del laboratorio responsable de las pastillas defectuosas. También llevamos a cabo una acción urgente ante organismos internacionales como la ONU y la CIDH”, agregó. 

Dicha acción fue llevada a cabo en enero de 2021 junto a la organización internacional Women 's Link Worldwide. Allí acudieron a la Relatoría sobre del Derecho a la Salud de las Naciones Unidas y a la Relatoría sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Relatoría DESCA- CIDH) para explicar lo ocurrido y denunciar fallas presentadas en los servicios de salud sexual que ocurren desde octubre de 2019. 

“La acción urgente, presentada ante la ONU y CIDH, por medio la carta 41, busca que se le recomiende al Estado de Chile realizar mejoras de acceso a la salud sexual y reproductiva y acciones de reparación a las afectadas por violaciones al derecho de la salud”, dijo la representante de la Corporación Miles.

"Yo no tengo trabajo ni nada estable qué ofrecerle a mi bebé, necesitamos una compensación económica. Para mi familia este gasto es demasiado", dijo Barbara Vásquez, una joven de 20 años habitante de Ñuble, una región del centro de Chile.   La situación se ha convertido en un problema para el Estado chileno, ya que expuso fallas en su programa de control familiar.

Adicionalmente, la petición de aborto en muchos de los casos ha sido denegada ya que la situación no se enmarca dentro de las tres causales permitidas para interrumpir el embarazo.   "Chile tiene un reto por delante. Es necesario que se amplíe el concepto de salud sexual y que por tanto se revise la despenalización del aborto", dijo Estefanny Molina, abogada de Women's Link Worlwide. 

A mediados de enero, la Comisión de la Mujer y Equidad de Género del Congreso retomo la revisión de un proyecto de ley para despenalizar el aborto. Esta comisión, compuesta en su mayoría por diputadas opositoras, espera que la iniciativa sea discutida por ambas cámaras del Congreso en los próximos meses.

Sin embargo, una sociedad conservadora se alista para llevar un debate prolongado. Mientras, el drama de más de 100 mujeres chilena avanza en silencio y sin la garantía de encontrar una respuesta del Estado.

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