Las autoridades del Ministerio de Seguridad prestan mucha atención a un posible ataque terrorista, pese a que no hay hipótesis concretas ni amenazas que puedan dar a entender ello.
La Fiscalía Nacional de Bolivia solicitó que se dicten seis meses de detención preventiva para la expresidenta Jeanine Añez, acusada de participar en un presunto golpe de Estado en 2019 contra Evo Morales. La exmandataria fue aprehendida el viernes pasado.
El pedido se basa en la imputación formal que fue emitida en el caso del supuesto “golpe de Estado”. El requerimiento debe ser resuelto por un juez cautelar en las próximas horas e incluye a los exministros de la administración de Añez, Alvaro Coímbra (Justicia) y Rodrigo Guzmán (Energía), para quienes se solicita la detención en la penitenciaría de San Pedro.
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“Se busca que se defiendan en libertad porque la detención preventiva es de última ratio (última razón) en el proceso penal vigente. Están dispuestos a asumir su defensa y están conscientes de su inocencia, por eso ellos se encuentran con relativa tranquilidad“, manifestó el abogado John Riveros, que forma parte del equipo jurídico que asiste a los detenidos.
La causa e investigación judicial por “golpe de Estado” fue abierta por Lidia Patty, exdiputada del MAS (Movimiento Al Socialismo, actualmente al frente del gobierno nacional), por la renuncia de Evo Morales en noviembre de 2019 acorralado por protestas cívicas, un motín policial y la presión de las Fuerzas Armadas.
A eso se sumó un polémico informe de la Organización de Estados Americanos (OEA), que alimentó el discurso del fraude en las elecciones del 20 de octubre de ese año, en las cuales Morales ganó sin necesidad de un balotaje con su principal rival, Carlos Mesa.
Morales debió exiliarse primero en México y luego en la Argentina y afirmó que su vida corrió peligro en medio de la agitación desatada en Bolivia. Por su parte, la querella contra Añez señaló que la exautoridad no fue elegida como Presidenta del Senado en las horas previas en la que asumió las riendas del gobierno transitorio, que fue reconocido con la Ley 1270.
Hay candidatos opositores que siguen inhabilitados para participar.
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